Aparece la necesidad de compensar las concesiones, como norma habitual en los farragosos procesos de plasmación de Reglamentos de Bruselas: a modo de ejemplo, la posibilidad aceptada del pago único opcional pero dentro del ‘menú’ de los sobres nacionales, podría ir acompañado, en la cesta, de la posibilidad de recurrir a destilación, cuyo coste se imputaría al montante presupuestario del sobre nacional y por tanto su desencadenamiento vendría del ámbito decisional de cada país (los dos países que insisten son Francia en el formato de ‘crisis’ y España en el de alcohol de uso de boca como salida de mercado, aunque la efectividad de destilaciones parciales y nacionales sería absolutamente nula).

Otros ejemplos emergen con la cautela que hay que tener de la información que se filtra desde los foros negociadores: la chaptalización se podría conceder, bien, a cambio de autorizar la ayuda al enriquecimiento con mosto (Italia presiona para que se incluya en el menú del sobre nacional) o bien obligar en el etiquetado a mencionar el proceso de enriquecimiento, aunque la oposición de Alemania a esta propuesta es frontal, todo indica que cedería en limitar el nivel de uso de la sacarosa, pero no en su prohibición absoluta. Por otra parte, las discrepancias en torno a la liberalización de los derechos de plantaciones en 2014 podría disuadirse con un ‘blindaje’ para las zonas territoriales protegidas (en el caso de España, las Denominaciones de Origen), aunque este escabroso asunto parece dejarse definitivamente para su decisión en el nivel ministerial, puesto que Francia ha hecho bandera de su oposición radical a la liberalización en el ámbito de las zonas territorialmente protegidas y no hay que olvidar que el fin de los derechos en la actual OCM finalizaba en 2010, hecho que ha provocado que los alemanes pidan una solución de compromiso mediante una cláusula de revisión en 2012 .

La cesión en la revisión a la baja del número de hectáreas a arrancar y, por tanto, salvaguardar, las zonas mas desfavorecidas, se contrapone a vincular la prima al rendimiento, estableciendo en la medida del arranque, que antes era la columna vertebral de la nueva OCM, una simbiosis de medida social sobre la población activa envejecida que abandona el sector (la dotación de poco más del mil millones de euros en los tres años va en esa línea) y de actuación de ajuste de oferta relegada al segundo plano, puesto que 175.000 Ha en tres años es una cifra absolutamente inocua para los efectos de reducir la producción que dice perseguir. Eso sí, de cara a la galería, intenta aquilatarse el efecto territorial y medioambiental del arranque, no dejándose superar el umbral del 10% en el nivel regional o del 8% en el nacional, eso sí, a instancias de los Estados miembros, reservándose la Comisión la facultad de suspender la medida en aquel país que sobrepase el 5% de su superficie. Paralelamente podría prohibirse la medida en las zonas de mayor impacto medioambiental con el límite del 3% en el nivel de país.

Otras dos cuestiones aparecen como ‘sensibles’ en los estertores de la negociación: por un lado, el tema del marco jurídico para el etiquetado y la oposición radical de algunos países de que la Comisión se atribuya estas competencias, ahora en poder de los Estados miembros. Por otro lado, el tema de las transferencias de fondos de las medidas de mercado (quizás convendría ir hablando de medidas sectoriales) al desarrollo rural, con la alta renuencia y reticencia de los viticultores por considerar el DR como algo exógeno a sus intereses.

Los temas finales del papel de las organizaciones de productores, que en España ha levantado tanta polémica entre las cooperativas, la industria y las OPAS, están todavía en el alero, con la impresión personal de haberse perdido una oportunidad histórica de convertir los sobres nacionales y su gestión endógena en Interprofesionales Regionales mas allá de la “miope y pacata” visión de convertir los Organismos Reguladores de cada DO en un pseudoforo, limitadísimo, del ámbito interprofesional.