Se acerca la recta final de la reforma del vino y aún quedan por consensuar muchos puntos relacionados con el reparto del dinero, el final de ciertas ayudas o la liberalización de las plantaciones.

Los países de la UE intentan pactar una regulación que tiene como fin incrementar la competitividad de los vinos europeos y para ello mantiene el presupuesto para la OCM (1.268 millones anuales) aunque cambia la manera de repartirlo: Bruselas propone destinar una parte a planes de arranque y otra a “sobres” o asignaciones nacionales, según informa EFE.

Las principales preocupaciones del sector vitivinícola español son: la urgente necesidad de una reforma profunda habida cuenta del análisis económico, diagnóstico de los problemas y objetivos de la reforma presentados por la Comisión, los riesgos sociales y económicos que puede entrañar un arranque demasiado rápido y demasiado amplios, la urgente necesidad de mejorar la comercialización y promoción del vino y el riesgo que puede correr la calidad en caso de levantarse la prohibición de importar mostos para vinificación y de mezclar vinos de la UE y vinos importados.

En este momento de la negociación, para el sector español es fundamental saber qué partida irá a España y para qué medidas, con especial interés en la continuidad de las ayudas al mosto o a la destilación para brandy.



Ficha importante
España es el primer receptor de los fondos de la OCM y, según adelantó al periódico “Mercados del Vino y la Distribución” el secretario general del MAPA, “España por fin ha conseguido fijar una ficha muy importante, superior a 1.300 millones de euros”.

La Comisión Europea (CE) plantea un plan de ayudas para fomentar el abandono voluntario de viñedo en las zonas menos competitivas, pero frente a las propuestas iniciales, calificadas de radicales, el arranque ha dejado de ser el punto central de la reforma, porque Bruselas ha suavizado su postura.

La última propuesta legislativa habla de un arranque voluntario de 200.000 hectáreas de viñedo en cinco años (la mitad de lo que quería la CE hace un año), pero en los últimos debates parece haber consenso para que esos planes tengan una duración inferior (tres años) y afecten a menos superficie, a unas 175.000 hectáreas.

Al reducirse el tiempo del arranque, la ayuda sería en el primer año un 10% más de la propuesta inicial, en el segundo un 10% y en el tercero igual, según EFE.

Entre los puntos que protagonizaron el debate los últimas días del año figuran la prohibición del añadido de azúcar al vino, la liberalización o no del cultivo de viñas, el final o no de ayudas al mosto o al alcohol de uso de boca (para brandy), la liberalización del cultivo de viñas y medidas transitorias como las que ha pedido España.

España reclama la continuidad de las primas al mosto y al alcohol de uso de boca y aunque la postura inicial de la CE era que terminaran, en los últimos días la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha dado muestras de flexibilidad.